El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó ante el Ministro de Defensa y la cúpula militar y policial cuatro propuestas para fortalecer la seguridad del departamento y concentrar las capacidades de la Fuerza Pública en los territorios donde actualmente se registra una mayor presión de las estructuras criminales.
Las iniciativas fueron expuestas este martes 15 de septiembre durante una reunión en la Casa de Nariño, en la que participaron el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López; el secretario general de la Presidencia, Carlos Andrés Ríos Puerta; y los principales comandantes militares y policiales.
La primera propuesta es la Operación Cazador Antioquia (OCA), con la que se busca conformar un grupo élite integrado por unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La estrategia estaría dirigida contra 18 cabecillas de alto valor de estructuras como las FARC, el Clan del Golfo, el ELN y El Mesa.
El gobernador también planteó un piloto de aspersión de cultivos ilícitos mediante drones en Valdivia, Tarazá, Anorí, Cáceres e Ituango, los cinco municipios que concentran la mayor cantidad de cultivos de coca en Antioquia. La propuesta contempla una inversión de hasta $70.000 millones por parte de la Administración Departamental. La problemática continúa siendo uno de los principales retos de seguridad de estas zonas; cifras recientes señalan que estos cinco municipios reúnen alrededor del 77% de los cultivos de uso ilícito del departamento.
La tercera iniciativa consiste en la creación de cuatro centros de fusión en las subregiones Norte, Nordeste, Suroeste y Oriente. Estos espacios funcionarían mediante equipos o “burbujas operacionales” integrados por oficiales y expertos del Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con capacidades de inteligencia, investigación y operaciones especiales.
Te puede interesar
El cuarto planteamiento busca aumentar la presencia permanente de la Fuerza Pública en sectores considerados críticos por sus condiciones de seguridad. Entre ellos están Travesías, en Briceño; El Charcón de Liberia, en Anorí; y Puerto López, en El Bagre. La propuesta también contempla reforzar la presencia institucional en los ríos Cauca y Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, para enfrentar actividades relacionadas con la minería ilegal.
“Nosotros estábamos exhibiendo la problemática de inseguridad que tenemos. Es muy difícil pretender que en un mes largo que lleva este gobierno se pueda resolver el desastre que se tejió en materia de inseguridad en los últimos 4 años, en los que les dieron salvoconducto a los criminales para aterrorizar a los antioqueños y colombianos, para dejar enriquecer a los grupos armados organizados y para hacer tanto daño. No solo expusimos eso, sino que nos atrevimos a plantear soluciones”, señaló el gobernador Andrés Julián al cierre del encuentro.
Las propuestas no quedaron únicamente en el anuncio. De acuerdo con el mandatario, este viernes se realizará la primera reunión de implementación, con la participación del general Martínez, el equipo de gobierno departamental y los comandantes territoriales. Posteriormente, el ministro de Defensa y el secretario general de la Presidencia harán una revisión para determinar cómo pueden reorientarse las capacidades disponibles hacia las zonas que actualmente presentan mayores dificultades de seguridad.
“Todo esto que planteamos tendrá una primera reunión de implementación este viernes, en trabajo directo con el general Martínez, nuestro equipo de gobierno y los comandantes territoriales, y la revisión posterior por parte del ministro y el secretario general de la Presidencia, el próximo lunes o martes, para mirar que las capacidades que hoy se tienen se reorienten a los sectores que más problemas tienen hoy en Antioquia”, puntualizó el gobernador.
La propuesta departamental llega en medio de una discusión sobre el crecimiento de los cultivos de coca y la presencia de organizaciones armadas en distintas zonas de Antioquia. En 2024, el departamento registró 17.162 hectáreas de coca, según cifras reportadas a partir del monitoreo de Naciones Unidas y el Gobierno Nacional; para 2023 la cifra había sido de 18.785 hectáreas.
