¿Cómo construir administraciones públicas que generen confianza y respondan de manera efectiva a las necesidades de los territorios? Esa fue una de las preguntas que atravesó el II Foro Regional MIPG – ‘Un Reto de Región’, un encuentro que reunió en Rionegro a líderes y servidores públicos del Oriente Antioqueño para compartir experiencias y discutir los desafíos de la gestión territorial.
El foro fue liderado por la Alcaldía de Rionegro, en articulación con Asointermedias y con el apoyo de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, y tuvo como eje la importancia de avanzar hacia administraciones más eficientes, transparentes y preparadas para los cambios tecnológicos y sociales.
El balance regional estuvo acompañado por varios reconocimientos. Rionegro recibió la distinción por ‘Liderazgo en Gestión de Políticas MIPG’, luego de alcanzar un 94,0 % en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) correspondiente a 2025. Con este resultado, el municipio se ubicó cuarto a nivel departamental entre municipios de igual condición de ingresos y sexto a nivel nacional en su categoría.
La Unión, por su parte, fue reconocido por su ‘Mayor Transformación Institucional’. También fueron destacadas las fortalezas en distintas políticas de gestión de las alcaldías de El Carmen de Viboral, La Ceja, Marinilla, El Retiro, Guarne, El Peñol y Guatapé.
Para el alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas Urrea, estos resultados deben entenderse como una oportunidad para que el conocimiento y las buenas prácticas se compartan entre los territorios: “La gestión pública debe generar confianza y aportar a la solución de las necesidades de los ciudadanos. El MIPG permite que tengamos una adecuada gestión de los recursos. Este tipo de encuentro es muy importante porque el conocimiento se comparte en beneficio de la ciudadanía, procurando el mejoramiento continuo”, manifestó.
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Precisamente, uno de los llamados durante el encuentro fue a superar las actuaciones aisladas y fortalecer la cooperación entre los municipios. David Escobar Arango, director de Comfama, invitó a los servidores públicos a tener paciencia y esperanza frente a las transformaciones sociales, que requieren procesos de largo plazo.
“¿Para qué nos vamos a juntar esta vez? ¿Qué vamos a tejer juntos?”, planteó Escobar al referirse a la necesidad de definir propósitos comunes para la subregión.
La construcción de confianza, sin embargo, también requiere una base ética. Diego Echavarría Giraldo, gerente del INDER de Envigado, hizo énfasis en que las administraciones no pueden bajar la guardia en este aspecto y advirtió que la legitimidad ética es indispensable para generar confianza en la ciudadanía.
Otro de los debates estuvo relacionado con la manera en que los gobiernos deben responder a las diferencias entre territorios. Daniel Felipe Escobar Valencia, director de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas, APP, señaló que uno de los desafíos consiste en avanzar hacia un modelo de gobierno que reconozca esas particularidades y fortalezca la autonomía territorial.
La tecnología abrió una discusión adicional. Durante el panel sobre ‘Inteligencia artificial aplicada a la gestión pública’, los expertos coincidieron en que la llegada de estas herramientas al Estado no puede limitarse a automatizar procesos.
Para aprovechar sus beneficios sin aumentar las brechas, plantearon la necesidad de impulsar procesos de alfabetización en Inteligencia Artificial y promover un uso crítico de estas tecnologías. También insistieron en que las administraciones deben contar con reglas claras de gobernanza de datos para definir qué información y procesos pueden ser automatizados y cómo se protege la información sensible de los ciudadanos.
El II Foro Regional MIPG cerró así con dos mensajes complementarios: el Oriente Antioqueño ha logrado avances importantes en sus indicadores de gestión, pero el desafío ahora está en convertir esos resultados en mayor confianza ciudadana y en consolidar una visión regional. Para ello, la articulación institucional, la ética pública y el uso responsable de la tecnología aparecen como algunos de los principales retos de las administraciones locales.
