El pasado 31 de agosto de 2026, el Gobierno nacional realizó un giro de $87.000 millones a la Universidad de Antioquia, correspondiente a tres conceptos presupuestales que llegaron unificados en un solo pago: la base presupuestal ajustada, los recursos de gratuidad de matrícula y el Programa Integral de Cobertura Territorial —PIC ET—.
El Rector de la Universidad, Luquegi Gil Neira, destacó la importancia de este giro para el funcionamiento de la institución en la recta final del año. «Agradecemos al Gobierno nacional por este giro, que llega en un momento clave para la Universidad de cara al cierre del año. Contar oportunamente con estos recursos nos permite cumplir con nuestras obligaciones y seguir garantizando el normal funcionamiento de la institución, en beneficio de nuestros estudiantes, profesores y de toda la comunidad universitaria», señaló el rector.
Así lo explicó también el vicerrector Administrativo, Carlos Eduardo Castaño Ríos, quien detalló el alcance y la destinación de cada uno de estos rubros para la institución. De los 87.000 millones, 72.000 corresponden a la base presupuestal ajustada para este año.
Estos recursos, oficializados mediante la Resolución No. 018296 del 17 de julio de 2026, garantizarán a la Universidad cerrar el año en equilibrio presupuestal. Otros 11.000 millones son recursos de la política de gratuidad nacional, con los que el Gobierno cubre la matrícula de los estudiantes que cumplen los requisitos de «matrícula cero». Este monto ya fue prácticamente ejecutado, pues la mayoría de las facultades completó el proceso de matrícula para el actual semestre.
Los 4.000 millones restantes corresponden al PIC Territorial, un proyecto específico postulado por la Alma Máter ante el Ministerio de Educación para ofrecer nuevos cupos en programas en las regiones del departamento. Este recurso sí tiene una destinación puntual: cubrir los gastos asociados a esos nuevos cupos, y su cumplimiento se mide por la oferta y matrícula efectiva de los estudiantes en los territorios pactados.
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El presupuesto general de la nación para este año se calculó con una proyección de inflación —IPC— del 3.6%. Sin embargo, el dato real de cierre fue del 5.1%, lo que generó una diferencia de 1.5 puntos porcentuales que aún no ha sido compensada a las universidades públicas del país.
Para la UdeA, ese diferencial representa entre 11 mil y 12 mil millones de pesos que, según indicó el vicerrector Administrativo, deberían llegar antes de que termine el año. No obstante, el giro está sujeto a la disponibilidad presupuestal de la Nación, afectada este año por gastos adicionales como la atención del sismo reciente. «Desde el SUE ya se han enviado comunicaciones formales al Ministerio de Educación solicitando este ajuste, contemplado en la normatividad vigente», indicó el vicerrector.
El vicerrector también se refirió a la nueva ley de financiación de universidades públicas, cuyo decreto reglamentario ya fue expedido. Según explicó, el mecanismo —basado en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de universidades públicas— resulta favorable para la UdeA, pues permitiría que el crecimiento de los ingresos vaya a la par del crecimiento de los costos de operación, evitando que se profundice la brecha de desfinanciamiento que históricamente ha afectado a la institución.
Castaño Ríos señaló además que la «Universidad avanza en una estrategia de contención —no de reducción— del gasto, y que por primera vez en varios años las proyecciones muestran un equilibrio en los fondos generales, lo que permitiría cerrar 2026 sin necesidad de recurrir a un crédito de tesorería para funcionamiento, algo que no ocurría en cierres de año anteriores». Se espera que el presupuesto de la Universidad para 2027 sea aprobado por el Consejo Superior Universitario en su sesión de noviembre, tras surtir los dos debates reglamentarios.
