Para miles de niños y jóvenes antioqueños, el Programa de Alimentación Escolar representa mucho más que una ración durante la jornada académica. Es un apoyo que contribuye a su permanencia en las aulas y al bienestar de sus familias. Por eso, la Gobernación de Antioquia anunció nuevos recursos para cerrar 2026 con una cobertura superior a los 327.000 mil en 4.200 sedes educativas de los 116 municipios no certificados en educación.
Desde la entidad explicaron que la ampliación permitirá sumar cerca de 10.000 beneficiarios a los 317.000 estudiantes que recibían el servicio, mientras se garantiza la continuidad del programa hasta finalizar el año escolar. Para ello, la Asamblea Departamental aprobó recursos por $45.900 millones provenientes del impuesto vehicular, destinados a mantener la prestación del PAE sin interrupciones y garantizar la alimentación durante la jornada escolar.
El incremento en el número de estudiantes atendidos hace parte de una estrategia que también ha buscado ampliar el tiempo durante el cual reciben el beneficio. Desde 2024, el promedio de días de atención pasó de 139 a 182 dentro del calendario escolar. La Gobernación ha señalado que esta ampliación responde a la decisión de fortalecer el programa y contribuir a que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo.
En 2024 y 2025, además, la Administración reportó una inversión superior a $500.000 millones en el PAE.
“El PAE es fundamental para fortalecer la permanencia de cerca de 327.000 niños y jóvenes, contribuyendo a su bienestar y desarrollo. Además, seguimos avanzando con una atención que reconoce las particularidades de las comunidades indígenas y dignifica la labor de quienes hacen posible este programa”, señaló Mónica Ospina Londoño, secretaria de Educación de Antioquia.
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La apuesta tiene además un componente de inclusión. De los estudiantes beneficiados, 6.412 pertenecen a comunidades indígenas y reciben raciones diseñadas teniendo en cuenta sus prácticas culturales y tradiciones alimentarias. Este enfoque diferencial comenzó a implementarse en el departamento en 2024 y permitió que, por primera vez, el PAE incorporara preparaciones propias de comunidades indígenas y la participación de manipuladoras pertenecientes a estos territorios.
Pero detrás de cada ración hay también una cadena de personas encargadas de que los alimentos lleguen a las instituciones educativas en las condiciones adecuadas. En este proceso participan 5.740 manipuladoras de alimentos que, según la Gobernación, reciben por primera vez un pago mensual por su labor. La medida busca reconocer el trabajo que realizan diariamente y contribuir a mejorar sus condiciones económicas.
La decisión de destinar recursos al PAE también se relaciona con la política departamental de seguridad alimentaria. La Gobernación ha señalado que los recursos del impuesto vehicular se han convertido en una fuente importante para financiar programas de lucha contra el hambre, entre ellos el PAE.
En 2025, el departamento informó que los recursos propios destinados al programa habían aumentado de manera significativa frente al periodo 2020-2023.
La continuidad del programa para el segundo semestre de 2026 se suma a los recursos que ya habían sido asegurados para comenzar el calendario escolar. En enero, la Gobernación informó que había garantizado una inversión superior a $240.000 millones para atender a más de 316.000 estudiantes desde el inicio del año, en los 116 municipios no certificados.
Con la nueva asignación, el departamento busca cerrar el año con más estudiantes atendidos, más días de alimentación dentro del calendario escolar y un modelo que incorpora las particularidades culturales de las comunidades indígenas.
La meta es que la alimentación escolar siga siendo también una herramienta para acompañar la permanencia de niños y jóvenes en las aulas y para apoyar la permanencia de niños y jóvenes en las aulas y para apoyar a las familias que dependen de este beneficio durante la jornada educativa.
