En los primeros días de enero de 2026, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de Colombia concluyó la subasta pública de la emblemática finca La Manuela ubicada en el municipio de El Peñol, Antioquia, un predio histórico que perteneció al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y que durante más de tres décadas simbolizó el poder del Cartel de Medellín y la violencia asociada a esa época.
La transacción, realizada dentro del marco legal de extinción de dominio, resultó en la adjudicación de la propiedad por $7.700 millones, monto confirmado por la directora de la SAE, Amelia Pérez Parra, como parte del proceso de recuperación de bienes incautados al crimen organizado.
Según comunicó la entidad estatal, la comercialización de este bien ubicado a orillas del embalse de Guatapé representa “una victoria del Estado sobre el crimen”, contribuyendo a transformar recursos ilícitos en activos que puedan beneficiar programas sociales y en justicia.
Historia y contexto de un ícono del narcotráfico
La Manuela fue construida en la década de 1980 por Escobar en homenaje a su hija menor, Manuela, y se convirtió en una de sus propiedades más simbólicas. Tras un atentado perpetrado por el grupo de Los Pepes en 1993, que la dejó en ruinas, el predio quedó abandonado y deteriorado con el paso de los años.
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Durante mucho tiempo el sitio funcionó de manera irregular como destino turístico, incluso bajo administración de particulares que ofrecían “narcotours”, sin que esos ingresos fueran canalizados al Estado. La SAE llevó a cabo en años recientes procedimientos de desalojo y tomó control para hacer cumplir fallos de extinción de dominio que le otorgan facultad sobre la propiedad.
Además de su pasado de violencia, La Manuela es conocida por su riqueza botánica: Escobar importó especies vegetales exóticas de África, Europa, Estados Unidos y otros países, lo que ha sumado valor histórico y turístico al predio.
Polémica por el precio de venta y el impuesto predial
Pese a que la subasta fue presentada como un logro institucional, el proceso desató críticas públicas, especialmente por parte de la Administración Municipal de El Peñol. La alcaldesa Sandra Duque Velásquez denunció que la SAE mantiene una deuda por concepto de impuesto predial del predio por al menos $235 millones correspondientes a 144 cuotas no pagadas durante años de administración estatal.
En su pronunciamiento, la alcaldesa cuestionó que la venta se haya realizado sin saldar esta deuda con el municipio, y que aún no existe claridad sobre a quién debe remitirse la cuenta de cobro para que la obligación sea legalmente exigible luego de la subasta.
Una de las principales controversias gira en torno al precio de adjudicación: mientras que la SAE informó la subasta por $7.700 millones, autoridades locales han señalado que ese valor supera el avalúo catastral oficial (alrededor de $2.887 millones) pero es muy inferior al valor de mercado real, dado el potencial turístico, histórico y ecológico de la finca.
Líderes comunitarios y analistas han señalado que, si se considera el valor por metro cuadrado de terrenos similares en la zona y el atractivo turístico de la propiedad, su valor de mercado podría ser significativamente mayor, poniendo en tela de juicio si la operación estatal logró maximizar los recursos públicos.
El comprador y el futuro del predio
Hasta ahora, la identidad del comprador no ha sido revelada por la SAE, una práctica habitual en subastas de bienes con extinción de dominio para proteger la integridad de los procesos y los adquirentes.
La falta de anuncios oficiales sobre planes de uso, inversión o proyectos turísticos específicos para la finca después de la venta ha generado expectativas y solicitudes de mayor información tanto por parte del municipio como de grupos sociales interesados en el desarrollo económico local.
En años recientes diversas voces de El Peñol y comunidades aledañas han abogado por destinar el predio a usos que generen beneficios colectivos, desde turismo sostenible hasta espacios culturales que promuevan la memoria histórica del país.
