En una de las decisiones más polémicas de cierre de año, el presidente Gustavo Petro decretó un incremento histórico del salario mínimo en Colombia para 2026. El nuevo salario será de aproximadamente $1.746.882 sin auxilio de transporte y cercano a $2.000.000 incluyendo el subsidio, lo que representa un aumento de entre 23 % y 23,8 %, el más alto en décadas. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.
El Gobierno Nacional argumenta que el incremento busca avanzar hacia lo que denomina un “salario mínimo vital”, calculado con base en la canasta mínima familiar. Es decir, un ingreso que no solo permita la subsistencia individual del trabajador, sino que garantice condiciones de vida dignas para su núcleo familiar. Según el presidente Petro, este enfoque está alineado con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la Constitución, que obliga al Estado a proteger la dignidad laboral.
Mientras los seguidores del gobierno del cambio alaban esta decisión y la defienden, sectores políticos y gremios empresariales, explican los riesgos que esto puede tener para el sostenimiento de la economía del país.
¿Por qué se dio este aumento?
El incremento no fue producto del consenso tradicional entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores, ya que la mesa tripartita de concertación no logró un acuerdo sobre un porcentaje aceptable. Ante la falta de consenso, el presidente optó por decretar directamente el aumento.
De acuerdo con el Ejecutivo, la decisión responde a varios objetivos:
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Recuperar el poder adquisitivo del salario frente al aumento del costo de vida.
Reducir la desigualdad y acercar los ingresos laborales a niveles que permitan cubrir necesidades básicas.
Profundizar una política social que prioriza a los hogares de menores recursos.
Opiniones al respecto
Sectores que respaldan la medida consideran que se trata de una decisión progresista con potencial para mejorar la calidad de vida de millones de colombianos. Algunos académicos y economistas afines a un modelo de mercado social señalan que un salario mínimo más alto puede estimular el consumo interno, dinamizar la economía y ayudar a los hogares de bajos ingresos a enfrentar el alza de los precios. Asimismo, destacan que vincular el salario mínimo a la canasta vital familiar pone el foco en el salario real, es decir, en lo que efectivamente pueden adquirir los trabajadores con su ingreso.
Sin embargo, el aumento también ha generado fuertes cuestionamientos desde el sector empresarial, cámaras de comercio y algunos economistas. Entre las principales críticas se encuentran:
Riesgo inflacionario: expertos advierten que un aumento salarial de esta magnitud puede presionar los precios de bienes y servicios, erosionando el poder adquisitivo que se busca proteger.
Impacto en el empleo formal: micro, pequeñas y medianas empresas alertan que el incremento de los costos laborales podría dificultar la contratación, incentivar la informalidad o generar recortes de personal.
Sostenibilidad fiscal: dado que el salario mínimo también incide en salarios del sector público y pensiones indexadas, se advierten posibles presiones sobre las finanzas del Estado.
Implicaciones para hogares
El aumento beneficiará directamente a los trabajadores formales que devengan el salario mínimo, permitiéndoles, en teoría, cubrir con mayor holgura gastos como alimentación, transporte y servicios básicos. No obstante, críticos advierten que si la inflación aumenta como respuesta, el beneficio real podría diluirse.
Los trabajadores que ganan apenas por encima del salario mínimo podrían experimentar un “aplanamiento” de ingresos, ya que sus salarios no necesariamente se ajustarán en la misma proporción, generando inquietudes en los sectores medios.
Además, las subas no se harán esperar, los servicios públicos, insumos para el hogar, los peajes, las matrículas, los comparendos, y otra gran cantidad de servicios que se calculan según el porcentaje del incremento del salario mínimo.
Contexto económico
La medida se da en un contexto económico complejo, marcado por una inflación aún persistente por encima del rango objetivo y un alto nivel de informalidad laboral. Aunque la tasa de desempleo se mantiene relativamente baja, el gran número de trabajadores informales —que no se benefician directamente del aumento— dificulta evaluar el impacto general de la decisión.
En este escenario, el incremento del salario mínimo para 2026 se perfila como un punto de inflexión en la política laboral y social del país. Mientras el Gobierno defiende la medida como un avance hacia la reducción de la desigualdad y la dignificación del trabajo, sectores críticos advierten sobre riesgos en inflación, empleo y competitividad, anticipando un debate que seguirá marcando la agenda económica y política durante 2026.
