Reducción de recursos por transferencias del Sector Eléctrico, ponen en alerta al Oriente
En el marco del lanzamiento de Miel BanCO2 y la certificación de la línea BanCO2 Plus, que contó con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, fue un espacio para que el Director de Cornare, Carlos Mario Zuluaga Gómez y diferentes actores de la región se unieran en una sola voz para manifestar su desacuerdo y preocupación con la nueva Ley de Páramos, aprobada por el Congreso de la República, y que dejaría sin recursos a la Corporaciones Autónomas Regionales del país.
Durante la jornada, el director general de Cornare, realizó un llamado al Gobierno Nacional para que revise cuidadosamente esta Ley, especialmente el Artículo 24, que atenta directamente contra la autonomía de las CAR y arrebata los recursos que se necesitan en la región, dejándolos al mando del Fondo Nacional Ambiental, administrado de manera centralizada.
Además, expresó que “desde Cornare le tenemos un gran reconocimiento a las empresas generadoras de energía, pero infortunadamente ellos se convocan en Bogotá a través de una asociación que se llama ACOLGEN – Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, y según ellos la plata de las transferencias no es una compensación a los daños ambientales que ocasionan los megaproyectos, sino que son dizque recursos parafiscales; con este argumento le mienten al senado diciéndole que nosotros supuestamente estamos haciendo mal uso, y que ellos si lo hacen bien. ACOLGEN se dedicó a hacer el trabajo sucio en Bogotá”.
Por su parte la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lucy Rivera Osorio hizo lectura de una carta que el Gobernador de Antioquia, le envió al Presidente, Juan Manuel Santos pidiendo objetar la Ley de Páramos.
“En muchas regiones del país la gestión ambiental, se financia con las transferencias del sector eléctrico, en Antioquia este rubro representa entre el 60% y el 70% del total de los recursos destinados a ese fin, no sabemos por qué hará posible q el viejo anhelo de Acolgen, de donde supuestamente provino todo esto, de hacer que las transferencias del sector eléctrico únicamente se inviertan en los sitios de particular interés y no en todo un territorio de múltiples ecosistemas”.
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La carta enviada por el Gobernador de Antioquia, concluye manifestándole al Presidente de la República que obligué al Congreso a rescatar el proceso de concertación que promovieron en los debates, preservando la autonomía y participación regional.
Igualmente la Asamblea Departamental, alcaldes de la región y la Diócesis de Sonsón Rionegro, expresaron la incertidumbre que genera esta ley, además de brindar apoyo y agradecimientos a Cornare por el desarrollo ambiental y social que se ve reflejado en la región, a través de proyectos como Saneamiento Básico, BanCO2, Estufas Eficientes y Envaradera Plástica.
Por su parte el Alcalde del municipio de Nariño, Carlos Arturo Marín, en representación de los alcaldes de la región, precisó que “queremos que lleve ese sentir de todos los campesinos, por los cuales queremos luchar, y gestione para que el Presidente reglamente la Ley de Páramos de manera que no perjudique la autonomía y economía de las Corporaciones Ambientales».
Entre tanto, el jefe de la cartera ambiental, Luis Gilberto Murillo expresó que “el artículo 23 le va a dar tranquilidad a las Corporaciones Autónomas, además se comprometió a entregar el Decreto que define los recursos de las transferenciasenergéticas y recursos del impuesto al carbono el próximo 22 de julio, pues según él, no se busca la centralización de las CAR”.
“Ministro, la ley de páramos tiene muy buenas intenciones pero si nos descuidamos y usted no nos ayuda, dejaríamos de recibir 25 mil millones de pesos al año para adelantar proyectos en la región», concluyó el director de Cornare, Carlos Mario Zuluaga Gómez.
Los diferentes actores de la región esperan que desde el Gobierno Nacional revisen cuidadosamente esta ley, teniendo en cuenta que los recursos con los que las CAR financian las tareas de control, seguimiento y protección del patrimonio ambiental provienen de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por utilización de agua.
