Columna de Opinión
Por: Carlos Humberto Gómez
Director La Prensa Oriente
X: @chgomezc
Quedé sorprendido, pero sobre todo preocupado, al escuchar la justificación que el Presidente de la República expuso en televisión nacional para defender su tercera propuesta de reforma tributaria, o ley de financiamiento. Dijo, con desparpajo, que “el que más usa gasolina es el de las cuatro puertas”, como si el aumento progresivo de este combustible no terminara afectando a toda la cadena productiva y, en consecuencia, al bolsillo de cada colombiano. Como si no la necesitaran también el campesino que madruga con su guadaña, el pescador que mueve su pequeña lancha, el mensajero de plataformas digitales, el mototaxista o el vendedor de frutas que recorre los barrios en su resquebrajado Renault 9.
Lo inaudito no es solo la ligereza del argumento, sino la desconexión con la realidad del país. Para el mandatario, subir el precio de la gasolina sería un golpe que solo sentirían los sectores más pudientes. Pero basta con observar las cifras y, sobre todo, los efectos cotidianos: en 2022 el galón costaba 9.778 pesos y hoy en la subregión ya ronda los 16.500. La diferencia es del 70% más costosa en 3 años y lo que viene con la nueva carga impositiva no será menor.
La reforma plantea que el IVA de la gasolina corriente suba al 10% en 2026 y al 19% desde 2027. El diésel correrá una suerte parecida: 10% en 2026 y 2027, para alcanzar también el 19% en 2028. Y aunque desde el Ministerio de Hacienda insisten en que no se tocan los productos de la canasta familiar, es evidente que todo incremento en el transporte repercute en los precios de la comida, de los bienes básicos y de cada servicio que llega hasta nuestros hogares.
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Lo saben bien los académicos y estudiosos: el 90% de lo que se mueve en Colombia, sean personas, mercancías o insumos, depende del transporte terrestre automotor. ¿Cómo afirmar entonces que el ciudadano de a pie no sentirá el impacto? El pobre quizás no tanquee su carro particular porque no lo tiene, pero sí paga más caro el bus urbano, el pasaje intermunicipal, la cerveza del fin de semana, la suscripción de Netflix, la matrícula del colegio, entre otros. Todo se encarece en cascada.
Los trabajadores independientes tampoco salen ilesos. Hoy se habla de que quienes reciban ingresos de 4 millones y medio de pesos al mes tendrán que empezar a declarar renta. Eso significa que amplias capas de clase media, que ya luchan con créditos, arriendos y gastos familiares, verán cómo sus finanzas se estrechan aún más. Y como si fuera poco, el sector financiero deberá pagar un impuesto de renta del 50%, costo que, en buena medida, será trasladado a los usuarios de créditos, pólizas y seguros.
El Gobierno justifica este proyecto con la necesidad de cubrir un déficit presupuestal de 26,3 billones de pesos dentro de un presupuesto general estimado de 557 billones para 2026. Nadie desconoce la magnitud del hueco fiscal, pero la solución no puede seguir siendo más impuestos a los mismas empresas y ciudadanos. No se habla de disciplina del gasto ni de reducir la abultada nómina y el derroche estatal; solo de recaudar a cualquier costo.
El Congreso de la República ya ha frenado en el pasado intentos similares y no será fácil que esta reforma avance. Menos aún en un ambiente político caldeado por la cercanía de las elecciones. Pero lo que preocupa es la narrativa presidencial: un país gobernado desde frases simplistas, desconectadas de la realidad económica y social. Como si bastara con señalar que “el de las cuatro puertas” paga la gasolina, sin medir las repercusiones sobre el pan del desayuno, el transporte escolar o el mercado de la semana.
Ojalá nuestros congresistas asuman la discusión con la altura que amerita. El ciudadano común, que no tiene carro pero sí siente cada alza en el transporte, cada aumento en la factura y cada peso que le resta al salario, no puede ser de nuevo la víctima de la desadministración y la improvisación que han marcado los últimos tres años.
Porque la verdad, señor Presidente, es que el pobre sí usa gasolina: la que se traduce en todo lo que consume y paga en su día a día.
