Durante la clausura de las sesiones extraordinarias del Concejo de Rionegro, realizada el pasado 30 de diciembre, el alcalde Jorge Rivas Urrea se refirió a los principales retos que enfrentará la administración municipal en 2026, al tiempo que expresó su preocupación por el impacto del incremento del salario mínimo en la gestión pública local.
En su intervención ante la plenaria, el mandatario advirtió que el aumento del 23% del salario mínimo genera presiones significativas sobre las finanzas municipales y dificulta la ejecución de los planes de desarrollo, especialmente en áreas como vivienda, formalización laboral y protección social de la población más vulnerable.
Explicó que este incremento incide directamente en el costo de la vivienda de interés social y prioritaria, cuyos valores se calculan con base en salarios mínimos, lo que podría llevar a que una vivienda pase de costar cerca de $130 millones a aproximarse a los $200 millones.
Rivas Urrea señaló que este escenario afecta de manera directa a las familias en condición de vulnerabilidad y a las personas que se encuentran en la informalidad laboral, quienes no reciben el beneficio directo del aumento salarial, pero sí enfrentan mayores costos asociados a la seguridad social y a la vivienda. Asimismo, manifestó su preocupación por los efectos que estas decisiones pueden tener en el sistema de aseguramiento en salud, al recordar que en el país cerca de 23 millones de personas están afiliadas al régimen contributivo y alrededor de 27 millones al régimen subsidiado, población que no recibe el incremento del salario mínimo.
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Aunque indicó que Rionegro presenta una situación distinta al promedio nacional —con un 86% de su población afiliada al régimen contributivo y un 14% al subsidiado—, afirmó que esta condición implica una responsabilidad adicional para el municipio frente a los efectos económicos que podrían presentarse en el próximo año, lo que eventualmente llevaría a revisar ajustes normativos a nivel local.
En otro momento de su intervención, el alcalde agradeció a los concejales por los acuerdos aprobados durante las sesiones extraordinarias, en especial los relacionados con la actualización catastral. Explicó que el avalúo total del municipio pasó de 15 billones de pesos a cerca de 40 billones y que, tras la modificación del Estatuto Tributario, se establecieron límites al incremento del impuesto predial con el fin de evitar aumentos desproporcionados para los propietarios.
El mandatario insistió en que la gerencia pública debe mantener un equilibrio entre los componentes técnicos, sociales y políticos, y sostuvo que el ejercicio del gobierno local debe estar orientado a dejar mejores condiciones de las que se encontraron al inicio del periodo administrativo.
Finalmente, Rivas Urrea hizo referencia a otros retos estratégicos de su administración, entre ellos la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), un proceso que, según explicó, requerirá concertación con los municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño, teniendo en cuenta el papel de Rionegro como centro urbano de la subregión y la proyección asociada a la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.
Durante la misma sesión plenaria, el Concejo de Rionegro eligió al nuevo Contralor Municipal. Al referirse a este proceso, el alcalde destacó que participaron más de 40 aspirantes y que la terna estuvo conformada por perfiles con amplia experiencia y conocimiento en asuntos públicos. Subrayó que el contralor elegido tendrá a su cargo el control fiscal de un presupuesto cercano al billón de pesos, lo que representa una alta responsabilidad para garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos.
