Vuelve la zozobra en la comunidad por segunda pista del Aeropuerto
Con la adjudicación por parte de Aerocivil de un contrato de Consultoría para estudios y diseños de la segunda pista y demás obras del Aeropuerto Internacional José María Córdova, se estima que este mismo año quedará definido el proyecto, ante lo cual vuelve la zozobra para los habitantes de la zona a intervenir, especialmente los de las veredas Abreo, Abreito, Chachafruto y El Carmín, condenados a abandonar su terruño para dar paso a esta megaobra.
El Consorcio ETA – CNS, adjudicatario del contrato, inició reuniones informativas con la comunidad de esos sectores para informar sobre el avance de los estudios, cuando de cierto modo muchos habían olvidado el tema.
En reunión con la comunidad de esas veredas, Aldemar Pinzón, funcionario de la Aerocivil y supervisor del contrato, recordó que en 2014 se elaboró el Plan Maestro del terminal aéreo y se estableció la necesidad de una segunda pista y se cuantificaron los predios que se requerían y los cuerpos de agua que se afectarían, con el fin de valorarlos.
En esta segunda etapa, ya se define la extensión de la pista para que técnicamente puedan operar los aviones y demás aspectos inherentes al proyecto.
Con base en ese Plan Maestro, la Aerocivil estableció que para el proyecto se requieren 784 hectáreas, pero se calcula que serán cerca de mil las hectáreas requeridas y la entidad expidió una resolución declarando esos predios como de “interés público” y por lo tanto sus propietarios no pueden construir, ni hacer reformas, ni vender. En ese primer estudio se estableció que serán 6.429 familias campesinas que tendrán que vender sus predios a los precios que establezcan los avalúos de la Lonja de Propiedad Raíz, con el consecuente problema para reubicarse.
Para Rionegro significará que 32.000 unidades prediales ya no paguen impuesto, porque la Aerocivil está exenta de gravámenes como entidad estatal, lo cual representaría entre 3.000 y 4.000 millones de pesos que el fisco municipal dejará de percibir anualmente, además del daño ambiental que se causará porque prácticamente se destruiría el Acueducto Multiveredal Cuchillas, Carmín, Mampuesto.
Te puede interesar
La Veeduría Vida
Para Luis Enrique Correa Sánchez, abogado de la Veeduría Vida y habitante de la vereda Abreito, “La comunidad se siente perjudicada con el tema, porque la zozobra que se está viviendo desde hace más de tres años es muy dura, porque la Aerocivil tomó la decisión de afectar los predios desde hace más de dos años y no se vislumbra todavía ninguna decisión. Entonces los dueños de los predios no pueden disponer de ellos, pero les toca seguir pagando los impuestos y todo lo que es el mantenimiento de la propiedad, pero no pueden hacer mejoras, no pueden vender, no pueden hacer ninguna obra y eso afecta tremendamente a la comunidad”.
El otro aspecto es el de los raizales. En esta comunidad de las veredas Abreo, Abreito, Chachafruto y El Carmín, que son las más afectadas con la megaobra, hay familias que llevan 100, 200 o más años, donde están concentrados grandes núcleos familiares.
Luis Gonzalo García Espinosa, vocero de la misma Veeduría, afirma que “La comunidad vive una situación compleja porque tiene que pagar Impuesto Predial y Valorización y no pueden disponer de sus predios de manera libre para construir o modificar, e inclusive para vender, y por lo tanto consideramos que es un atropello el que estamos sufriendo, puesto que para pagar impuestos no tenemos ningún problema, pero para disponer de sus predios si los tenemos”.
También es preocupante que se tengan proyectos de ampliación de una segunda pista en zonas que son de producción agropecuaria y donde están en riesgo más de 1.600 nacimientos, cuencas y microcuencas de agua que son bastante importantes para Rionegro, porque según informes de Cornare y la Universidad Nacional, de aquí en algún momento se surtió el agua para Rionegro y aporta el 40% del agua que se consume en el municipio actualmente.
Agrega que «Es preocupante para la comunidad y para la Veeduría los desproporcionados precios de que se habla en el Plan Maestro de ampliación del Aeropuerto, ya que insinúan que el metro cuadrado en las zonas aledañas al terminal, estaría rondando los 19.000 pesos, lo que se traduce en que una hectárea estaría en cerca de 190 millones de pesos y de esa cantidad se descontaría vía impuestos cerca de 90 millones de pesos, lo cual significa una vulneración de los derechos de la comunidad, puesto que si una persona vende una hectárea de terreno le quedarían alrededor de 100 millones de pesos, con los cuales no puede rehacer su vida dignamente en Rionegro. Con ese precio ni siquiera alcanza para un apartamento y en caso que le alcance para ese apartamento, perdería su vocación agrícola y pecuaria porque allí no podría tener vacas ni gallinas».
Y agregó «También es preocupante para la comunidad que la Administración municipal en cabeza del Alcalde Andrés Julián Rendón Cardona, le ha dado la espalda a la comunidad, más aun cuando prometió en campaña que iba a velar por los intereses de las personas que habitan el territorio y ni siquiera se ha informado de lo que está pasando».
La Personería
El Personero de Rionegro Jorge Luis Restrepo, manifestó que desde el inicio de la implementación de este proyecto, dentro de un emblema social “Por ustedes y para ustedes”, fijaron unos compromisos: el primero, la garantía de los derechos humanos y el segundo el fortalecimiento del control social.
“Venimos trabajando con la Veeduría Vida, acompañando esta problemática, haciendo unas exigencias del cumplimiento de derechos que para nosotros desde ya se vienen afectando y esperamos que este contrato de Consultoría de evaluación y diagnóstico, refleje de manera objetiva, el resultado de la valoración del componente ambiental y de derechos humanos que se ven afectados en la comunidad. Seguimos dando la batalla por la defensa de los derechos humanos, acompañando a la comunidad y siendo garantes en representación de la comunidad y avanzando en el control social», expresó.
Anunció el funcionario que lo que sigue es fortalecer el componente social, esperando que las exigencias que se le hicieron al Consorcio contratista sean implementadas, como son: La verificación del componente ambiental, especificar con la autoridad ambiental el impacto que tendría la obra y que la comunidad tenga la oportunidad de controvertir el avalúo que se le hace a su propiedad, para que sean bien valorados los inmuebles.
