Una cuarta parte del territorio en el que tiene jurisdicción Cornare fue declarado área protegida en 2018.
Veintiséis municipios antioqueños, bajo jurisdicción de Cornare, tienen acceso a sistemas de saneamiento de alta calidad. Cerca de 600 mil habitantes podrían ser los primeros en el país en contar con una cobertura universal de recolección, transporte y disposición de aguas negras.
El próximo año, el mundo rendirá cuentas acerca de cuán efectivos hemos sido erradicando la pobreza, protegiendo el planeta y garantizando la paz. Se trata del primer reporte presentado por las Naciones Unidas sobre cuáles países están cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A Colombia, que estará entre los evaluados, hay un tema que le da dolores de cabeza: el sexto objetivo, que corresponde a agua limpia y saneamiento. (Lea la última entrega de BIBO: Un coleccionista en el desierto de la Tatacoa)
Las cifras del DANE nos pintan un panorama desalentador. En él, a pesar de lo avanzado, más de 3,6 millones de colombianos no tienen acceso a un acueducto, mientras que 5,6 millones de ciudadanos carecen de alcantarillado. Esto, sin mencionar las condiciones en las que vive la población rural, donde ninguno de estos dos servicios supera el 75 % de cobertura.
Esa es la realidad que está transformando la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare) en Antioquia. Su jurisdicción se extiende sobre 26 municipios, 23 de ellos ubicados en el oriente del departamento, dos en el nordeste y uno en el Magdalena Medio. Sobre ellos, sostiene su director, Carlos Mario Zuluaga, “se logrará una cobertura universal de aguas limpias y saneamiento por encima del 95 % en las zonas urbanas”.
Esto quiere decir que la mayoría de familias en la región están conectadas a un sistema de alcantarillas, también llamado Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Ese sistema, más parecido a una red con un tubo mayor, es el encargado de llevar las aguas negras hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (PTAR).
Tal avance se refleja en los números. De los 26 municipios bajo el cuidado de Cornare, salvo por San Rafael, todos cuentan con una PTAR en funcionamiento o, en su defecto, en construcción. Un paso más allá que el resto del país, donde se estima que apenas el 48,2 % de los municipios cuentan con este servicio, según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Para el caso de las áreas rurales, donde son escasos los pozos sépticos, la corporación está cubriendo el 85 % de la demanda en los corregimientos. Gracias a esto, las familias campesinas están accediendo a sistemas individuales para tratar sus aguas residuales.
Una de las razones de ese vacío es lo costoso de la cobertura universal. En el caso de la región de Cornare, la inversión inyectada en cada municipio ha sido aproximadamente de $10.000 millones.
No obstante, esta tarea requiere más que dinero. Según Zuluaga, el trabajo hecho por Cornare ha sido posible gracias a la confianza ganada por su corporación. “Hemos logrado cubrir la demanda porque la gente cree en nosotros como autoridad, porque trabajamos en función de objetivos. Así es como hemos cumplido”, asegura el director.
El logro, apoyado por las alcaldías municipales, empresas de servicios públicos, Ecocementos, Fundación Argos, Isagén, EPM y la Gobernación de Antioquia, no es exclusivo de esta jurisdicción.
Su beneficio, que se extiende sobre el 35 % del área metropolitana, alcanza a permear la capital antioqueña. De hecho, el Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín, es uno de los territorios custodiados por Cornare, desde donde comienza su apuesta por la conservación, reforestación.
Pozos Sépticos instalados en el OA
PTAR La Ceja
BanCO2, una apuesta mayor
Los aciertos de Cornare demuestran que desde hace más de cinco años esta autoridad ambiental tenía claros sus propósitos. Uno de sus más pretenciosos: crear un programa de conservación en el que los campesinos recibieran una compensación por proteger la biodiversidad. Se trata de BanCO2, el programa que los convirtió en pioneros del esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en el país.
Este programa, puesto en marcha en 2013, arrancó beneficiando a 106 campesinos que solían dedicarse a la extracción ilegal de madera en el oriente antioqueño. Hoy, después de extenderse a escala nacional, se ha logrado la conservación de 85.000 hectáreas de bosque gracias a acuerdos con casi 10.000 familias de todo el país.
La idea del programa está en conservar y restaurar, ya sea por medio de siembra de árboles o de cercados para que la naturaleza se recupere sola. Asimismo, la apuesta de las autoridades ambientales y las empresas que, con los años y los frutos, se han unido a esta iniciativa es transformar la relación de la gente con el campo. Esto se da por medio de sistemas agroforestales, capacitando a los campesinos en cuanto a buenas prácticas agropecuarias.
Así matan dos pájaros de un tiro: consiguen la conservación del bosque que, sin alejarse de su fin, garantiza el ciclo del agua. Por eso todos los municipios custodiados por Cornare cuentan con miembros vinculados a BanCO2. “Más de 1.980 familias reciben mensualmente $300.000 o más, de acuerdo a sus promesas de conservación”, explicó Zuluaga, quien está al mando ambiental de una región que espera lograr, para finales de 2019, el 90 % de limpieza de sus aguas y así retornarlas tal cual salieron a sus fuentes hídricas.
