El Consejo Ministerial de Justicia que se desarrolló ayer en la Gobernación de Antioquia encabezado por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz y el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, dejó grandes compromisos con miras a aliviar la crisis carcelaria en el departamento.
Entre las acciones que se emprenderán, está la construcción de dos centros penitenciarios para sindicados, con una capacidad de mil internos cada uno, los cuales estarán ubicados en las subregiones del Norte, posiblemente Yarumal y en Suroeste, posiblemente en Andes.
La decisión de las subregiones o los municipios podrán variar dependiendo de cómo se desarrolle el proyecto y si se presentan dificultades.
150 mil millones de pesos será la inversión cercana y se buscarán diferentes alternativas para los recursos, tanto a nivel nacional, como departamental y municipal. En la reunión, también se analizó la posibilidad de construir una cárcel en el área metropolitana.
“Se expuso el proyecto que se ha estado liderando para la construcción de una cárcel para sindicados en el área metropolitana, continuaremos avanzando para lograr los apoyos financieros para su concreción”, explicó el gobernador.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, recordó que Antioquia tiene el 10.8% de todos los presos de Colombia, cifra cercana a los 15.500 internos. Aseguró que lo que más preocupa es que se utilicen las URI y las estaciones de policía para albergar detenidos cuando no tienen la capacidad ni las condiciones para ello.
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El Ministerio de Justicia a través de la USPEC, realizará una inversión de 46.100 millones de pesos, para la ampliación de las cárceles de Bellavista e Itagüí, que generarán un total de 1.440 cupos para reclusos en Antioquia. Hoy, en Itagüí, se puso la primera piedra para un nuevo pabellón con 510 nuevos cupos.
El ministro dijo además que: “Se están ampliando modulares en la cárcel Bellavista, para 900 internos aproximadamente y se empezará nueva licitación a más tardar en enero para otro pabellón”.
El Ministerio de Justicia y el INPEC, se comprometieron a trasladar a otras regiones del país, a 800 personas privadas de la libertad, de los cuales 569 se encuentran en centros transitorios del área metropolitana, 213 en otros municipios del departamento y 20 detenidos que se encuentran bajo la custodia del CTI.
Durante el Consejo Ministerial también se nombró una comisión conformada por las distintas entidades, la cual trabajará bajo la orientación del secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, para proceder con la liquidación de los convenios existentes para la construcción de la cárcel de Yarumal, que culminen en un nuevo proyecto carcelario que se desarrollaría en ese municipio buscando solucionar la crisis carcelaria de la subregión del Norte antioqueño.
“Se conformó un equipo de trabajo para entregar al gobernador y el ministro las conclusiones a mediados de diciembre, para que podamos aclararlo y definir avances a futuro”, explicó el gobernador Aníbal Gaviria Correa.
Por último, se lograron acuerdos para descongestionar los juzgados de ejecución de penas y lograr con ello bajar el hacinamiento y congestión de centros carcelarios y estaciones de policía con sindicados.
En el Consejo Ministerial de Justicia, también estuvieron presentes los directores nacionales del INPEC y la USPEC, los jueces y magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura, las salas penales de los Tribunales de Medellín y Antioquia, las Seccionales de Fiscalías de Antioquia y Medellín, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
