El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó formalmente al Gobierno Nacional que se autorice de manera prioritaria la erradicación focalizada de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre con drones, como parte de la estrategia para enfrentar el narcotráfico en varias subregiones del departamento.
La petición fue realizada a través de una carta dirigida al ministro de Justicia y del Derecho y presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, Andrés Idárraga, y responde al reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la posibilidad de permitir esta modalidad técnica en territorios donde grupos armados ilegales obligan a campesinos a sembrar hoja de coca.
En el documento, el mandatario departamental solicitó que se prioricen intervenciones en municipios del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, zonas que concentran una parte significativa de los cultivos ilícitos del departamento.
Rendón alertó sobre el crecimiento acelerado de estas plantaciones en Antioquia durante la última década. Según indicó, el departamento pasó de 900 hectáreas de cultivos de coca en 2013 a más de 18.000 hectáreas en 2023, y aseguró que entre 2024 y 2025 esta tendencia continúa en aumento. El gobernador atribuyó este crecimiento a una política de seguridad que, a su juicio, ha favorecido la expansión de grupos criminales.
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En ese sentido, criticó la estrategia actual del Gobierno Nacional, señalando que ha permitido que organizaciones ilegales incrementen sus rentas derivadas del narcotráfico y la minería ilegal, fortaleciendo su capacidad operativa y aumentando la confrontación con la Fuerza Pública.
El gobernador también manifestó que, en caso de que la solicitud sea rechazada, espera una explicación formal por parte del Gobierno Nacional. Además, enfatizó que el combate al narcotráfico y la estrangulación de las rentas criminales deben ocupar un lugar central en la agenda de diálogo del presidente de la República en próximos encuentros internacionales, por tratarse de una prioridad de seguridad nacional.
La propuesta de Antioquia se enmarca en la política adoptada por el Gobierno Nacional desde diciembre de 2025, que autorizó la erradicación focalizada de cultivos ilícitos mediante drones bajo estrictos controles técnicos y ambientales. Esta modalidad no corresponde a la fumigación aérea tradicional, sino a una intervención terrestre con drones que operan a baja altura —aproximadamente 1,5 metros sobre la copa de los cultivos—, con el objetivo de reducir la dispersión de herbicidas y mitigar los riesgos ambientales.
En departamentos como Cauca, las autoridades ya avanzan en la reanudación de este tipo de erradicación con drones, lo que ha reavivado el debate nacional sobre sus impactos sociales y ambientales, así como sobre la necesidad de fortalecer alternativas de desarrollo rural.
La solicitud del gobernador Rendón se inscribe en uno de los debates más sensibles de la política antidrogas en Colombia, donde convergen la evaluación de nuevas tecnologías, la vigilancia territorial y el equilibrio entre seguridad, derechos humanos y protección ambiental.
