En un fallo histórico para la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de Guatapé, el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió a favor de las comunidades afectadas por las operaciones de un helipuerto en la vía El Peñol – Guatapé.
Según explican las comunidades, el problema Central se centra en las operaciones de un helipuerto y un punto de aterrizaje, operados por las empresas Helitours SAS y Helisur SAS, en el municipio de Guatapé, los cuales están vulnerando los derechos colectivos de los habitantes de varias veredas, como el derecho a un ambiente sano, a la tranquilidad, a la intimidad y a la seguridad.
Ante esto, la decisión de la Sala Quinta del Tribunal declaró que los derechos colectivos al ambiente sano, la tranquilidad, la intimidad y la seguridad de los residentes de las veredas La Piedra, en sus distintos sectores, Bonilla, Palestina, El Morro y El Uvita han sido vulnerados por las actividades del helipuerto
Para remediar esta situación, el Tribunal impartió las siguientes órdenes contundentes:
- Traslado o Clausura: Se da un plazo máximo de seis (6) meses a las empresas Helitours SAS y Helisur SAS para trasladar el helipuerto a una zona permitida por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y que cuente con todas las licencias requeridas. Si no se cumple el plazo, el helipuerto será clausurado definitivamente. El Alcalde de Guatapé, David Vallejo Franco, será el encargado de verificar y hacer cumplir esta orden.
- Cese de Actividades en «La Piedra»: Se ordena el cese inmediato de las operaciones en el punto de aterrizaje denominado «La Piedra».
- Control Temporal: Durante los 6 meses de transición, el municipio de Guatapé ejercerá control y vigilancia para que las operaciones comerciales del helipuerto se realicen únicamente en el horario actualmente permitido: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Suspensión de Trámites: Se ordena a la Aeronáutica Civil suspender de inmediato cualquier trámite relacionado con el permiso de construcción del helipuerto «La Piedra».
Para garantizar el estricto cumplimiento de la sentencia, el Tribunal conformó un comité de verificación y seguimiento presidido por el magistrado ponente e integrado por la demandante popular, Nora Cielo Correa Quintero, el Alcalde de Guatapé, representantes de las empresas involucradas, el Personero Municipal, el Defensor del Pueblo, la Procuraduría Judicial y la autoridad ambiental CORNARE. Este comité rendirá informes trimestrales sobre los avances.
Esta decisión judicial marca un precedente significativo en el balance entre el desarrollo turístico-comercial y la protección de los derechos fundamentales de las comunidades y su entorno ambiental.
























































