EN EL LIMBO QUEDAN OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL TÚNEL DE ORIENTE
El Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo en respuesta a la demanda de nulidad interpuesta por la Asociación de Transporte Aéreo, ordenó la suspensión provisional de la resolución número 02251 de 2016, expedida por la Aeronáutica Civil por medio de la cual se cobraba un valor adicional para los usuarios del Aeropuerto José María Córdova.
Esta medida cautelar producirá un efecto negativo en el desarrollo regional, la implementación del “derecho de conectividad” respaldado por el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la institucionalidad del Oriente Antioqueño, evitaba la desfinanciación de una de las más importantes megaobras que se ejecutan actualmente en el País.
En respuesta a esta decisión el Director Ejecutivo de MASORA, Fabio Ríos Urrea manifestó que “es lamentable que este tipo de medidas dejen en un limbo la realización de importantes obras de infraestructura que requiere urgentemente el Oriente”. Agregó además que se torna injusta y atenta contra el desarrollo de Antioquia, especialmente la movilidad entre los valles de San Nicolás y Aburrá.
Para los municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño y seguro para buena parte de los gremios en la región, es incomprensible como los más beneficiados con la construcción del Túnel de Oriente como son las aerolíneas instaladas en el Aeropuerto José María Córdova, sean quienes promuevan trabas a la financiación de la megaobra.
Mejores vías significa mayor flujo y seguridad en los desplazamientos, los que a su vez garantiza más precisión en los tiempos de viaje y conexión con el puente aéreo.
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“La Asociación del Transporte Aéreo en Colombia –ATAC-, gremio de las aerolíneas se opone así al desarrollo vial que impactaría de forma directa y positiva a cada una de las empresas transportadoras del Aeropuerto. Es inaudito e insólito que promuevan este tipo de afectaciones al desarrollo de una región que les ha abierto las puertas al mundo”, dijo Rios Urrea.
Por último hizo el llamado al Gobierno Nacional y departamental para que en unión a las Alcaldías, refuercen las acciones necesarias para evitar que el fallo definitivo del Consejo de Estado obligue a la aplicación del impuesto de valorización a los propietarios de predios en jurisdicción del proyecto.
