La disputa por el manejo de Comfenalco Antioquia tomó un nuevo rumbo este martes, luego de que el Gobierno Nacional anunciara que llevará ante la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control, información y pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en la administración de la Caja de Compensación.
La Ministra del Trabajo y superintendente del Subsidio Familiar (e), Natalia López Fuentes, aseguró que el propósito de las actuaciones es proteger los recursos que administra la entidad y que están destinados a los trabajadores antioqueños y sus familias. Según la funcionaria, se trata de cerca de un billón de pesos. “Comfenalco Antioquia no tiene dueño político. Es de los trabajadores antioqueños. No vamos a permitir que intereses particulares se apoderen de la Caja ni de sus recursos. La vamos a defender”, manifestó.
El pronunciamiento se produce en medio de una disputa que tiene como uno de sus principales escenarios la Asamblea General Extraordinaria de afiliados convocada para el 31 de agosto. La reunión fue suspendida por el nuevo agente especial de intervención, Fabián Mayor, mientras se adelanta una revisión financiera, jurídica y administrativa de la Caja.
La decisión, sin embargo, llegó a los estrados judiciales. Luego de los recursos y acciones de tutela presentados contra la suspensión, el Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia ordenó como medida provisional mantener la fecha, hora, lugar y orden del día de la Asamblea.
De esta manera, la reunión prevista para el 31 de agosto quedó en medio de una disputa entre las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa y las determinaciones provisionales de la justicia. La Asamblea tiene entre sus asuntos la elección de representantes de los empleadores ante el Consejo Directivo de la Caja.
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A este escenario se sumó otro episodio que ahora hace parte de los cuestionamientos planteados por el Gobierno. Según la información entregada por la ministra, habría ocurrido una presunta filtración sobre la persona que asumiría la Dirección Administrativa de Comfenalco Antioquia. Antes de que la designación pudiera formalizarse, dicha persona habría salido de la entidad después de 16 años de servicio.
Este señalamiento, sin embargo, ha sido controvertido desde la dirección de la Caja. Juan Pablo Morales Calle aseguró que existen imprecisiones en la versión divulgada por el Gobierno y señaló que la salida de la trabajadora mencionada correspondió a un retiro concertado.
En paralelo, la ministra puso sobre la mesa la existencia de una presunta estructura de intereses políticos a la que denominó “Telaraña Azul”. Según los señalamientos que serán trasladados a las autoridades, esta estructura tendría como propósito mantener el control de Comfenalco Antioquia.
El Gobierno no presentó estos señalamientos como hechos judicialmente establecidos. Por el contrario, López Fuentes indicó que será responsabilidad de la Fiscalía y de los organismos de control verificar la información, establecer si existieron irregularidades y determinar eventuales responsabilidades.
“No podemos tratar esta sucesión de hechos como una simple coincidencia. Estamos hablando de cerca de un billón de pesos de los trabajadores antioqueños y sus familias. Vamos a entregar los hechos y las pruebas a las autoridades para que investiguen, determinen quiénes están detrás y establezcan las responsabilidades”, afirmó la ministra.
La controversia tiene como telón de fondo la intervención administrativa de Comfenalco Antioquia por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad encargada de ejercer inspección, vigilancia y control sobre las cajas de compensación familiar.
El desenlace inmediato podría estar marcado por la Asamblea del próximo 31 de agosto, cuya realización permanece respaldada provisionalmente por la decisión judicial, mientras continúan las actuaciones administrativas. Al mismo tiempo, la eventual entrega de información a la Fiscalía y a los organismos de control abrirá un nuevo escenario para determinar si detrás de los hechos denunciados existen conductas que puedan generar responsabilidades.
Por ahora, el conflicto se mantiene abierto y atraviesa simultáneamente los ámbitos administrativo y judicial. En el centro de la discusión permanecen el futuro de la dirección de la Caja, la composición de su Consejo Directivo y el manejo de los recursos destinados a los afiliados y sus familias.
