El ambiente debe convertirse en un criterio prioritario para las decisiones sobre el desarrollo de los municipios. Ese es el mensaje central de la Directiva 013 de 2026, mediante la cual la Procuraduría General de la Nación recordó a gobernadores y alcaldes del país que están obligados a ejercer sus competencias ambientales y a incorporar las determinantes expedidas por las autoridades ambientales en los instrumentos de ordenamiento territorial.
La directriz enfatiza que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) deben actualizarse conforme a la legislación vigente e incluir de manera obligatoria las normas de superior jerarquía definidas por las corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales competentes.
En el caso del Oriente Antioqueño, esta función corresponde a Cornare, cuyas determinantes orientan la ocupación y transformación del territorio con criterios de sostenibilidad.
El documento exhorta a las administraciones municipales a fortalecer la protección de áreas ambientalmente estratégicas, las rondas hídricas y los ecosistemas, incorporar restricciones y condicionamientos sobre el uso del suelo, integrar la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y promover la educación ambiental y la participación ciudadana como herramientas para la conservación del patrimonio natural.
La Procuraduría también recordó que los municipios cuentan con facultades para prevenir y controlar afectaciones ambientales y que no pueden limitar su actuación a trasladar los casos a otras entidades. Por el contrario, deben ejercer de manera efectiva las competencias que les asignan la Constitución y la ley para proteger los recursos naturales y garantizar un desarrollo territorial sostenible.
Como parte de las medidas establecidas, el Ministerio Público ordenó a los procuradores judiciales ambientales y agrarios realizar un diagnóstico regional sobre el estado de los instrumentos de ordenamiento territorial en cada jurisdicción y presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de la directiva. Con ello se busca fortalecer la planificación del territorio, prevenir conflictos por el uso del suelo y asegurar que el desarrollo de las regiones avance en armonía con la protección del ambiente, el agua y los ecosistemas estratégicos. Según la Procuraduría, el crecimiento de los territorios debe construirse sobre la base del desarrollo sostenible, donde el ambiente deje de verse como una limitante y sea reconocido como la principal garantía para el bienestar de las comunidades presentes y futuras.
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