La decisión de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales encendió las alarmas en Antioquia. Este lunes, el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona llegó a Bogotá para presentar una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 de la Fiscalía General de la Nación.
El recurso, que incluye la solicitud de una medida cautelar, ya fue radicado y será analizado por el magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro.
Para el mandatario, esta resolución representa un riesgo directo para la seguridad del departamento. Advirtió que podría permitir que estos actores criminales regresen a zonas donde históricamente han generado violencia, especialmente en el Valle de Aburrá y el altiplano de San Nicolás, incluyendo Rionegro.
“Se está dejando en libertad a personas que han causado horror con homicidios, desplazamientos, secuestros, extorsiones y terrorismo”, señaló, al tiempo que alertó sobre el impacto que esta medida podría tener en un contexto electoral, al facilitar posibles presiones sobre los ciudadanos.
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El gobernador también hizo una fuerte comparación con el proceso 8.000, al referirse a la situación actual en términos de corrupción y seguridad, y cuestionó la legalidad de la decisión.
Según explicó, la resolución podría estar vulnerando la separación de poderes, ya que según afirmó, la Fiscalía estaría asumiendo funciones que corresponden a jueces de ejecución de penas, especialmente en casos donde ya existen condenas.
En medio de sus declaraciones, mencionó a algunos de los presuntos beneficiados, como alias “Tom”, a quien comparó con Pablo Escobar, y alias “El Montañero”, señalado cabecilla de la estructura criminal “El Mesa”, con presencia en Cundinamarca y el Eje Cafetero.
Para el gobernador, el principal riesgo es que estas personas queden en libertad temporal sin claridad sobre sus acciones futuras, lo que podría impactar la estabilidad y la seguridad en varias regiones del país.
