Comunidad de San Vicente se moviliza contra la minería en su territorio
En el municipio de las laderas inclinadas y las cimas onduladas, viene aconteciendo algo que ha llamado la atención en los demás municipios de la región.
Por: Mauricio Castaño
Especial para El Periódico La Prensa
En el mes de abril del presente año, con ocasión de la reunión sostenida entre representantes de la Secretaría de Minas del departamento, de autoridades municipales y de la comunidad en general, se trató el tema de minería en el municipio, generando inconformidad y voces que expresaron su preocupación por la posible llegada de esta clase de proyectos al territorio sanvicentino.
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La comunidad viene cerrando filas para expresar su rechazo a estos proyectos, en especial a los que tienen que ver con la explotación de minerales: oro, platino y otros métales preciosos.
¿Vocación minera en el municipio?
Lejos está el actual San Vicente de aquel fue del siglo XVII, cuando las minas de vetas y aluvión atrajeron a sus primeros pobladores, pero acabado el auge minero, la explotación en el territorio pasó a la agricultura, recordando que por años fue el fique, del cual se produce la cabuya, el producto insignia del municipio, alternado con productos como la papa y el frijol, y en los últimos años ha despuntado una notable producción de la fresa.
Hoy por hoy, en San Vicente se mantiene viva la cultura y tradición campesina, al igual que se aboga por la conservación de su patrimonio ambiental y su paisaje engalanado con exuberantes cortinas de agua y el vuelo de aves como el colibrí, el azulejo, golondrina, carpintero y el garrapatero.
¿Quién decide en el tema de minería?
La minería a gran escala es considerada como uno de los ejes principales de la política económica del país, razón por la cual se han dado directrices desde el Gobierno Nacional para fomentar su desarrollo.
Si bien la Constitución Nacional en su artículo 332 establece que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, es menester traer a colación la Sentencia T-445 de 2016 (Corte Constitucional), en la cual se precisa que el artículo no se refiere a la nación sino al Estado, el cual es el conjunto de las entidades territoriales que lo conforman.
Debe entenderse entonces que el artículo constitucional incluye a los municipios, toda vez que ellos son entes territoriales y por ende, tienen incidencia en la explotación del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.
Le corresponde a los municipios avanzar en decisiones que involucren de manera integral lo ambiental, lo social y económico, que garantice la participación ciudadana y que tenga como eje fundamental el reconocimiento del derecho fundamental a un ambiente sano y la interacción de los ecosistemas y sus comunidades.
La experiencia muestra que los proyectos mineros pueden llegar a transformar los modos de vida de los habitantes, su entorno, su economía y hasta su cultura, llevando en muchos casos a que se pierda la cohesión y la identidad local, entre otros problemas de salud pública, violencia y desplazamiento. Esta situación es claramente expuesta, entre otros documentos, en la Carta Pastoral de los obispos de las Diócesis de Antioquia y Chocó sobre la minería.
La explotación minera es un asunto que involucra, no sólo a la secretaría y al solicitante, sino que debe permitir la concurrencia de los municipios con sus comunidades dentro del mismo trámite y no solo en el momento de informar sobre el otorgamiento de las autorizaciones. De lo contrario se genera la sensación de que el territorio es entregado, regalado de esta manera, aunque tenga la tipificación de utilidad pública.
¿Qué sigue para la comunidad?
La comunidad sigue ratificando su NO rotundo a la minería y ha emprendido acciones como las siguientes:
Realización de foros sobre minería con el objetivo de presentar los impactos sociales, ambientales, en la salud humana y diferentes estrategias de resistencia frente a estos proyectos.
Se conformaron comités para el estudio de alternativas y la presentación de los impactos de estos proyectos en las comunidades.
Para el segundo domingo del mes de junio se realizará una asamblea, con la cual se busca seguir dinamizando la movilización en la comunidad sanvicentina
Contexto
Desde el 22 de marzo de 2018, la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia notificó, a través de correo electrónico, a la Administración Municipal, sobre el auto 2018080000896 del 02/03/2018, por medio del cual se ordenaba la celebración de una audiencia y participación de terceros dentro de los trámites de las propuestas de contrato de concesión minera con placas N° OG2-082210, OG2-082222X, OG2-084816, OG2- 085116, OG2-095310, OG8-08042, PKC-10311, PKO-08531, PKO-08533X, PKO-08534X, PKO08536X, QDO-10291 Y SH1-11331; y se surten otras actuaciones.
Este hecho suscitó en los habitantes del municipio gran desconcierto y descontento, que se evidenció a través de un gran movimiento en las redes sociales con comentarios de rechazo y oposición frente a la posibilidad de desarrollar actividades mineras en el municipio, generando una controversia, debido a la poca claridad que en esta materia se tenía por parte de la población ferrerina.
Es de anotar que en el año 2017 el municipio aprobó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Acuerdo municipal 08 del 15 de julio), que por consenso de toda la comunidad y luego de ser concertado con la Corporación Autónoma Regional –CORNARE-, estipuló la prohibición de la minería y condicionó la explotación minera de material para el mantenimiento de la red vial y construcción de obras de interés público.
El día 27 de septiembre de 2017, el director de Titulación Minera y el alcalde del municipio de San Vicente, dando continuidad a los procesos sobre solicitudes de minería en el municipio, suscribieron acta mediante la cual se concertaron unas áreas susceptibles de vocación minera dentro del municipio, dando claridad, que sería la comunidad en audiencia pública y bajo el riguroso cumplimiento del PBOT, que se aprobarían las mismas.
Para las autoridades municipales, durante todo el proceso y concertación de áreas susceptibles de interés minero en el municipio, siempre fue claro el interés de concertar áreas para la concesión de minas de cantera, hecho que no interpretó de igual manera la Gobernación de Antioquía, quien luego de conocer los acápites del PBOT, en que se prohibía el otro tipo de minería, suspendió la audiencia mediante el auto 2018080001472 del 10/04/2018 a menos de 24 horas de realizarse el encuentro.
En adelante se han realizado foros comunitarios en los cuales la decisión seguirá pendiente de cuenta de las discusiones y participación de los habitantes en este municipio de Altiplano.
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