Esta mañana se llevó a cabo en Rionegro, el Comité de Garantías Electorales del proceso para la consulta popular del Área Metropolitana del Altiplano del Oriente, la cual se llevará a cabo en ocho municipios del Altiplano el próximo 29 de de noviembre.
La jornada estuvo liderada por el Registrador Nacional Hernán Penagos, y contó con el acompañamiento del Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de entidades de carácter regional y departamental, los Alcaldes de los municipios en acción y las fuerzas militares y de Policía. Además estuvieron presentes promotores de las posturas del SI y del NO a la constitución de la figura asociativa.
En su intervención, el Registrador Nacional dio a conocer cómo avanza la organización de este proceso democrático y explicó que todas las condiciones están dadas para la realización de la consulta popular programada para el 29 de noviembre.
En total, 383.952 ciudadanos, de los cuales 196.512 son mujeres y 187.440 son hombres, están habilitados para votar en esta consulta popular. La Registraduría Nacional instalará 87 puestos de votación (51 urbanos, 35 rurales y uno en la cárcel), que contarán con 501 mesas.
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“Tenemos un potencial por mesa de 840 personas en el sector urbano y 900 en el sector rural. En la medida en que las mesas de votación tengan más demanda de ciudadanos que lleguen a ejercer su derecho al voto, los jurados tienen la instrucción de dividir la mesa, hasta dos veces o tres, para que la votación pueda fluir con normalidad”, señaló el Registrador Nacional.
Es de precisar que, de acuerdo con el literal e) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013, modificado por el artículo 1 de la Ley 1993 de 2019, “se entenderá aprobado el proyecto sometido a consulta popular cuando la mayoría de votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la participación ciudadana haya alcanzado al menos el cinco (5) por ciento de la población registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes”.
Sobre los recursos:
Uno de los temas que ha sido motivo de desinformación, es el de los recursos para la realización general de la consulta, los cuales en el gobierno Petro, no fueron autorizados, y se debió aplazar la jornada. Ahora con el nuevo gobierno de De La Espriella, estos recursos fueron aprobados y ya fueron desembolsados. «si estos recursos no se hubieran garantizado y desembolsados, no estaríamos acá en este comité de garantías electorales» enfatizó el Registrador Nacional.
Sobre este punto, hablamos con Diego Alberto Sepúlveda Argaez, Delegado de la Registraduría Antioquia, y dijo: «Nosotros desde la Registraduría lo que tenemos es garantizar que el proceso sea democrático, con plenas garantías para tanto los del sí o los del no. Eso es lo que tenemos que garantizar, que el proceso se haga de acuerdo también con la normativa vigente y con el acompañamiento, por supuesto, de la fuerza pública.»
Y aclaró que los recursos para la realización de la consulta sí están garantizados. «El Registrador Nacional del Estado Civil lo ratificó de manera firme y el Revisor Nacional lo confirmó de manera clara y puntual: sin recursos no se podría adelantar el proceso, y en tal sentido, los recursos fueron girados por el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, la consulta se llevará a cabo el 29 de noviembre».
De igual manera, durante el comité se dio a conocer que en estos municipios serán designados más de 3.600 jurados de votación, se confirmó además que el próximo viernes, 13 de noviembre se estará realizando el sorteo de estos jurados, el cual se hace de manera aleatoria. «Lo que tiene que ver con testigos electorales es competencia del Consejo Nacional Electoral. Los promotores del sí, los promotores del NO y quienes están inscritos en las respectivas campañas serán los encargados de mirar y verificar sus testigos electorales. Las capacitaciones se llevarán a cabo el 26 y 27 de noviembre», añadió Sepúlveda Argaez.
La Registraduría garantiza que el proceso se desarrollará con plenas garantías para los partidarios del sí y del no, con acompañamiento de la fuerza pública y cumpliendo la normativa vigente.
