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El Registrador Nacional, Hernán Penagos, expresó hoy que es clara y evidente la controversia jurídica que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que es pertinente dejar en manos de las altas cortes la decisión de si se continúa o no con los trámites de la consulta popular convocada por el Presidente Gustavo Petro, ya que no solo está en juego la convocatoria a una consulta popular; sino que está en juego el orden constitucional del país, el principio democrático, está en juego la democracia.
«Estamos ante una controversia jurídica que no tiene antecedente en la historia moderna de Colombia, pero de otro lado, estamos también ante una dificultad material, porque organizaron una consulta popular de la magnitud de la que aquí se convoca, exige una planeación muy juiciosa, una planeación que debe adelantarse con todo rigor y exige también una definición clara de los fundamentos constitucionales para llevarla a cabo», sostuvo.
Igualmente, anunció las acciones que realizarán desde la entidad:
- Solicitará concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
- Remitirá copia de la solicitud ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Remitirá copia de la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación.
- Solicitará de manera respetuosa a las altas cortes se pronuncien ágil y oportunamente sobre las diferentes demandas interpuestas.
El Registrador agregó que: «Nosotros de manera prudente, respetando el principio democrático y la constitución política, vamos a esperar la decisión de ellos y vamos a iniciar acciones administrativas. Vamos a pedirle a las demás entidades del Estado que se pronuncien respecto del cumplimiento del artículo 104 constitucional, vamos a invitar a la Contraloría, a la Procuraduría y a todas las entidades para que opinen en función de esto, pero ante todo yo quiero invitar a las altas cortes para que de manera muy rápida y ágil puedan entregarle a Colombia una decisión de fondo».
Finalmente el Registrador manifestó que montar una consulta de esa magnitud requiere una planificación detallada, recursos considerables y una infraestructura operativa extensa. tres meses podría ser un plazo muy ajustado para llevar a cabo todas las etapas necesarias. «Los servidores públicos debemos proteger la Constitución, defender el Estado de Derecho y el principio democrático y yo como servidor público no tengo otro deber diferente que acatar la Constitución y la ley«, puntualizó.
