En días recientes, desde el Tribunal Superior de Antioquia, se confirmó el fallo en segunda instancia que hace referencia a la condena contra el exalcalde de Marinilla, José Gildardo Hurtado Alzate, determinando que, durante su administración (2012–2015), firmó escrituras públicas que permitieron transferir 6 predios privados en
favor de particulares.
En virtud del complejo episodio jurídico en el que se ha visto involucrado, por medio de un comunicado quiso ofrecer información con el fin de que la opinión pública conozca cuál es el contexto actual, manifestando lo siguiente:
- Desde el mismo momento en que me enteré de las supuestas irregularidades respecto a la adjudicación de seis predios privados en favor de particulares, me puse a entera disposición y colaboración decidida con las autoridades para lograr el esclarecimiento pleno de los hechos.
- Conseguí un grupo de profesionales expertos en los aspectos técnicos y jurídicos de esta situación, para hacer trazabilidad e investigación. El resultado fue la sorpresa de que dichos predios se habían entregado a familiares cercanos a los funcionarios que, en calidad de abogados, eran los responsables de redactar y dar el visto bueno a cada acto administrativo que expedía la Administración Municipal, justamente porque yo no soy abogado ni tengo formación jurídica.
- Al obtener el resultado de la investigación, mi decisión fue emprender todas las acciones legales necesarias para que todos los predios fueran restituidos y así regresaron a su estado inicial con el mismo consentimiento de aquellos a quienes se les había adjudicado de forma irregular.
- Sobre los bienes inmuebles que se pretendían titular, ninguno de ellos era propiedad del Municipio de Marinilla o alguna otra entidad estatal. Todos ellos eran de particulares, incluso uno de ellos pertenecía a una persona muy reconocida en Marinilla: Jairo de Jesús Ramírez Zuluaga a quien apodan como “la Curisa”, quien puede dar fe de ello.
- La misma Contraloría General de Antioquia, especializada en vigilar el uso adecuado de los recursos y bienes públicos, a donde también se compulsó copia del expediente para la investigación, archivó el proceso de responsabilidad fiscal al comprobar que ningún bien era de carácter público ni se perdió un solo peso que pudiera ser del patrimonio público (Auto 028 del 04 de febrero del 2025). Este documento lo aportamos al proceso de investigación como prueba sobreviniente, pero nunca fue tenido en cuenta a la hora de la emisión del fallo.
- Es muy importante resaltar que una de las personas implicadas que intencionalmente realizó estas desafortunadas maniobras delictivas, reconoció su participación y la manera como ocurrieron los hechos, realizando un preacuerdo con la Fiscalía para colaborar con la justicia, aceptó tres de los cuatro delitos cometidos y pagó la condena que le fue impuesta. (El delito de peculado no, porque los predios nunca han sido públicos).
- Como resultado de la declaración de preacuerdo hecha por la exfuncionaria mencionada, en la que reconoce que nada tuve que ver con los hechos, aspiré por segunda vez a la Alcaldía de mi pueblo en el año 2019 y fui elegido con el apoyo y contundente respaldo ciudadano para el período administrativo 2020 – 2023, pues siempre he creído que a pesar de los retos y dificultades que se nos presenta en la vida, “aquel que nada debe, nada teme” y que el buen obrar y la tranquilidad de conciencia es lo que mantiene siempre mi frente en alto.
- Me llama altamente la atención la expedición de un fallo desfavorable y desproporcionado, si se tiene en cuenta que la Fiscalía, el mismo ente acusador, habiendo verificado las pruebas durante el juicio, y el comportamiento de cada uno de los implicados, solicitó mi absolución al comprobar que nada tenía que ver con semejante entramado judicial, por el simple hecho de aparecer la firma estampada en los documentos y, por el contrario, determinó que hubo una instrumentalización dolosa y el abuso de la confianza y la buena fe que yo había depositado en los colaboradores, como es natural en todo funcionario que apoya cualquier gestión administrativa.
- Mi esencia y mi manera de ser, me han permitido entender la política y el servicio público como una oportunidad para hacer el bien y ayudar a los demás, respetando siempre la dignidad, la honra y el buen nombre de todas las personas, jamás para difamar o perseguir a nadie.
- Agradecido con todos los ciudadanos de bien que han creído en mí y me han apoyado con su oración, quiero decirles que, Gracias a Dios, cuento con el goce absoluto y pleno de mi libertad, sin ninguna inhabilidad para el desempeño de mis competencias laborales, y que además haré uso del Recurso Extraordinario de Casación en la Corte Suprema de Justicia en donde espero que se dé el estudio juicioso y objetivo a este proceso.
Según las leyes de Colombia, pese a la condena, la defensa de José Gildardo Hurtado Alzate aún puede recurrir mediante casación ante la Corte Suprema, por lo que se esperaría una acción definitiva donde se esclarezca la situación y que los jueces de la República dicten el veredicto final.























































