La Contraloría General de la República ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba contra el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por el presunto daño al patrimonio público relacionado con la construcción de los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, en el municipio de Rionegro.
De acuerdo con la decisión del ente de control, tras el análisis de pruebas documentales, técnicas y contractuales, se concluyó que no existió detrimento patrimonial, pues las obras fueron ejecutadas conforme a lo previsto, recibidas oficialmente y actualmente se encuentran en funcionamiento, prestando su servicio a la comunidad.
La investigación fiscal se originó por hechos ocurridos durante la administración de Rendón como alcalde de Rionegro, cuando se adelantó la construcción de los dos CAI. Inicialmente, el caso había generado cuestionamientos por posibles fallas en la planeación y utilización de las infraestructuras, lo que llevó a estimar un presunto perjuicio económico para el Estado. La Contraloría determinó que los recursos públicos fueron correctamente invertidos y que no se configuró daño al erario público.
El organismo de control explicó que la decisión se fundamenta en la verificación del cumplimiento del objeto contractual y en la evidencia de que las edificaciones cumplen su finalidad institucional. De esta manera, se dispuso el archivo definitivo del proceso fiscal, sin que ello implique responsabilidad fiscal para el actual mandatario departamental.
La Contraloría aclaró que, conforme a la normativa vigente, el caso podría reabrirse en el futuro si llegaran a aparecer nuevas pruebas que demuestren irregularidades sustanciales o la existencia de información falsa que haya sustentado la decisión de archivo.
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Según la información suministrada, aunque el capítulo fiscal quedó cerrado, el gobernador continúa vinculado a otras actuaciones en curso ante la Fiscalía General de la Nación, instancia que mantiene abiertas indagaciones relacionadas con estos hechos, en el marco de sus competencias penales.
La determinación del ente de control ha sido interpretada por distintos sectores como un alivio institucional, al resaltar el valor de la evidencia técnica y la importancia del debido proceso en las investigaciones de control fiscal, especialmente en proyectos de infraestructura pública orientados a la seguridad ciudadana.
