La Cumbre del Clima, organizada por Asocarbono, es uno de los encuentros más relevantes del país en materia de acción climática. Durante tres días, reúne a comunidades, organizaciones, empresas, gobiernos y actores internacionales para discutir mecanismos de mitigación y adaptación frente al cambio climático, y para fortalecer alianzas que permitan proteger ecosistemas estratégicos y reducir emisiones de carbono.
En este contexto, el side event organizado por Masbosques y Soluciones Proambiente propuso un diálogo abierto sobre las implicaciones de la sentencia T-248 de 2024 de la Corte Constitucional. El fallo, lejos de frenar los proyectos REDD+, reconoce su valor ambiental y social, y plantea la urgencia de avanzar hacia un marco regulatorio más claro, participativo y respetuoso de los derechos de las comunidades indígenas.
La conversación contó con la participación de diversos representantes de las comunidades y de las organizaciones aliadas, quienes compartieron reflexiones y propuestas clave para fortalecer la gobernanza, la transparencia y la acción climática en los territorios.
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John Freddy Benjamín Londoño, exrepresentante legal de ACAIPI, asociación indígena socia del proyecto REDD+ Baka Rokarire, en la comunidad Sonaña, Vaupés, trajo al centro la experiencia del territorio. En el Pira Paraná, las comunidades han sido protagonistas en la toma de decisiones a través de asambleas amplias donde participan mujeres, hombres y jóvenes, definiendo colectivamente prioridades y uso de los recursos.
Según Jhon Freddy, esta forma de gobernanza permitió fortalecer la autonomía, mejorar condiciones básicas de vida y avanzar en acciones de conservación de sus bosques. En sus palabras manifestó: “Nosotros no consideramos riqueza el tema de dinero, nosotros nos consideramos ricos en el tema del bosque, de la respiración, porque el indígena vive con él”.
Agregó además, que los ingresos por Créditos de Carbono se han transformado en mejoras para la vida comunitaria. Con estos recursos se construyeron malocas ancestrales y viviendas, se fortalecieron prácticas tradicionales como el trabajo en chagras y se elaboró de manera participativa el Plan de Vida de Taraira. Además, se mejoró la conectividad territorial con pistas de aterrizaje e internet satelital, y se consolidó la organización comunitaria con formación de líderes y el fortalecimiento de la Asociación ACAIPI. Avances que muestran cómo, la conservación del bosque puede ir de la mano del bienestar colectivo y el fortalecimiento de la gobernanza étnica.
Por su parte, el abogado y especialista en Derecho Ambiental, Javier de la Hoz, ofreció una lectura del fallo T-248 de 2024 y sus implicaciones para el futuro de los proyectos REDD+. Su intervención puso el foco en la necesidad de avanzar hacia reglas claras, justas y construidas participativamente, que fortalezcan la confianza entre comunidades, Estado y sector privado, y que eviten vacíos normativos e interpretaciones dispares.
De la Hoz expresó: “La esencia del fallo es lograr ese equilibrio, tratar de fijar reglas claras, darle normas al estado precisas y darle reglas claras al sector privado, protegiendo lo más importante que son los derechos de las comunidades”.
Desde su experiencia en el diseño y acompañamiento de procesos sociales, Isabel Blandón, responsable de Modelo de Actuación Social y territorial de Masbosques, resaltó la importancia de contar con herramientas sólidas para garantizar la participación efectiva de las comunidades en cada etapa de los proyectos REDD+. Su enfoque se centró en cómo las salvaguardas, la debida diligencia y los espacios de información previa permiten construir relaciones de confianza y fortalecer la gobernanza territorial.
Al respecto dijo que: “La participación debe darse desde un enfoque territorial, que implica estar en el territorio, que participen los distintos grupos etarios, mujeres, jóvenes, adultos mayores, sabedores. Y así esto tome tiempo para el desarrollo de una iniciativa REDD es necesaria esa voz múltiple, porque no hay una única voz en lo étnico sino una serie de identidades, de formas de entender esas soluciones basadas en la naturaleza y esas relaciones con el bosque, los desarrolladores debemos respetar esos tiempos y esas dinámicas territoriales, para que todo pueda rezar de manera adecuada con las estructuras de gobernanza propia.”
De otro lado, Mauricio Fernández, abordó el tema desde la perspectiva institucional y de los mercados de carbono, destacando el papel que cumplen las alianzas entre comunidades, organizaciones, autoridades y sector privado para dar sostenibilidad a las iniciativas.
Su intervención hizo énfasis en la corresponsabilidad y en la articulación de actores como elemento clave para ampliar el alcance de las soluciones climáticas y expresó: “No solo en Colombia, globalmente falta mucho por aprender de los mercados de carbono, todos los años se mejora la calidad de los créditos, la confiabilidad, la transparencia, y es importante entender desde el punto de vista comercial que es un mercado en formación, lo que significa que podemos aportar: crezcamos junto con el mercado y tengamos la apertura de mejorar cada día.”
Para Jaime Andrés García, Director Ejecutivo de Masbosques estos diálogos cobran relevancia al mirar el alcance real de los proyectos REDD+ en la Amazonía. Hoy, estas iniciativas, donde las comunidades son protagonistas y Masbosques y Soluciones Proambiente aliados técnicos, vinculan a más de 2.600 familias indígenas, organizadas en 60 comunidades y 12 resguardos/AATs, que han liderado la conservación de aproximadamente 1,7 millones de hectáreas de bosque y la recuperación de más de 8.000 hectáreas adicionales. A través de estas acciones, se han sembrado a la fecha cerca de 66.500 árboles nativos, se han creado seis viveros comunitarios, rehabilitado caminos ancestrales y fortalecido la infraestructura social con 18 unidades sanitarias, dos puestos de salud dotados y la mejora de más de 100 chagras tradicionales.
La discusión permitió identificar aprendizajes comunes: la necesidad de fortalecer la gobernanza comunitaria y la autonomía en la gestión de proyectos; avanzar hacia una regulación nacional construida desde la diversidad étnica y territorial; y reafirmar el valor ambiental y social de los proyectos REDD+ como herramienta para conservar ecosistemas estratégicos y mejorar el bienestar local.
También dejó en claro que el cuidado de la naturaleza lo hacemos posible entre todos. Explicó el director de Masboques “La sentencia les da tranquilidad jurídica a los desarrolladores de los proyectos REDD+, a Masbosques la sentencia nos sirvió para tener mucha seguridad jurídica y para mejorar esos procesos, y también fue la puerta de entrada para decir que la acción climática y los proyectos REDD son fundamentales para Colombia y el mundo en la lucha contra el cambio climático.”
Para Masbosques, estos intercambios son fundamentales para consolidar modelos de conservación basados en alianzas sólidas y en el protagonismo de los territorios. La experiencia demuestra que la acción climática solo se fortalece cuando comunidades, instituciones y sector privado actúan de forma articulada y con objetivos compartidos.
