En el pasado mes de mayo se generó revuelo e indignación en la región debido a un acto de intolerancia, donde presuntamente una profesora de una institución educativa del municipio de Guarne habría agredido física y psicológicamente a una niña de tan solo 9 años.
En diálogo con Oriéntese.co, la madre de la niña, Claribet, relató que los hechos ocurrieron el 28 de mayo en horas de la mañana, cuando, dentro del aula de clase, la docente, al solicitar a la estudiante la entrega de su celular, habría forcejeado con ella, causándole múltiples laceraciones en el brazo izquierdo.
Según Claribet, la profesora la contactó minutos después para ofrecer disculpas y explicar que el rasguño había sido accidental. Sin embargo, al llegar al colegio, la joven madre pudo constatar que las lesiones de su hija eran más graves de lo informado. La situación fue puesta en conocimiento de los directivos del establecimiento educativo, quienes decidieron remitir a la niña a un centro asistencial para su valoración médica y activar las rutas institucionales de atención ante la Comisaría de Familia y la Fiscalía.
El 30 de mayo, la menor fue atendida por el área de psicología del Hospital de Guarne, donde fue diagnosticada con trastorno de ansiedad y estrés postraumático. Posteriormente, el 11 de junio, se realizó el dictamen de Medicina Legal en el municipio de La Ceja. Claribet también presentó la queja ante la Secretaría de Educación de Guarne, y de la Secretaría de Educación Departamental, desde donde se instruyó al rector sobre la activación de las rutas correspondientes.
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La solicitud de la madre fue clara: pidió que la docente fuera retirada de la institución y que se iniciara un proceso disciplinario en su contra, argumentando que existen testigos de los hechos, específicamente los estudiantes de los grados tercero y cuarto de la institución, quienes presenciaron la situación.
Recientemente, Claribet publicó un video en redes sociales en el que expuso su caso, manifestando que, tras casi cinco meses, aún no ha recibido una respuesta concreta ni de las instituciones, ni del plantel educativo, ni de los entes gubernamentales. Según dice, la única medida tomada fue el traslado de la maestra a otro grado, decisión que considera insuficiente. Mientras tanto, la niña continúa sus estudios en el mismo colegio, enfrentando aún episodios de ansiedad derivados del incidente.
Claribet hace un llamado a las entidades competentes para que atiendan su caso y se haga justicia por su hija, insistiendo en que su intención no es otra que actuar conforme a la legalidad y proteger los derechos de la menor.
La Constitución Política de Colombia establece que: “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan (…) y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
Esta situación no solo evidencia una posible vulneración a los derechos de una menor, sino también la urgencia de fortalecer los mecanismos institucionales de respuesta ante las situaciones de violencia que se presentan en entornos educativos.
Las instituciones educativas deben ser un espacio de protección, respeto y aprendizaje, donde los conflictos se gestionen con empatía y pedagogía, nunca con agresión. Proteger a los niños es, ante todo, garantizar el presente y el futuro de nuestra sociedad.
