Después de casi nueve años de espera, incertidumbre y afectaciones profundas, las más de 116 familias damnificadas por el edificio Altos del Lago, en Rionegro, comienzan a ver una luz al final del camino.
La compleja situación que dejó la implosión del edificio motivó durante años diversas acciones ciudadanas por parte de los afectados, quienes finalmente decidieron solicitar el acompañamiento del Personero municipal Jorge Luis Restrepo Gómez, ante la falta de respuestas claras sobre la reparación de los daños sufridos.
En ejercicio de sus funciones constitucionales, el Personero adelantó múltiples actuaciones administrativas y judiciales, llegando incluso a interponer una acción de tutela contra la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de las familias afectadas.
Este proceso tuvo un punto clave en octubre del año anterior, cuando se produjo un fallo favorable para la comunidad, mediante el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro ordenó a la Defensoría del Pueblo responder de manera clara, precisa y detallada a las solicitudes de los damnificados.
La orden judicial exigió, entre otros aspectos, definir el proceso de indemnización, establecer fechas concretas de desembolso y esclarecer el uso de los recursos aportados por el Municipio de Rionegro, los cuales fueron destinados exclusivamente a la reparación de los perjuicios ocasionados.
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Posteriormente, la Defensoría del Pueblo informó que a partir de noviembre iniciarían los trámites para el desembolso de más de $30.000 millones, dirigidos a resarcir los daños causados a las más de 116 familias afectadas por este caso.
Hoy, varias de estas familias han confirmado que los desembolsos ya comenzaron, expresando su alivio y agradecimiento al personero municipal por el acompañamiento constante en un proceso que no solo les arrebató su vivienda, sino que alteró de manera profunda su estabilidad familiar y emocional.
Con este avance, la Personería Municipal de Rionegro ratifica su papel como garante de los derechos ciudadanos y su compromiso con las comunidades que durante años han reclamado justicia y reparación.
