Rodeado por más de 100 Alcaldes y Alcaldesas de todas las subregiones de Antioquia, quienes respaldan su iniciativa de establecer una contribución a la seguridad, el Gobernador Andrés Julián aclaró este lunes algunas inquietudes suscitadas sobre la legalidad y viabilidad jurídica del Proyecto de Ordenanza, que busca fortalecer programas en tecnología, mejoramiento de la infraestructura para la Fuerza Pública y adecuaciones a placas polideportivas para la convivencia.
“Somos siete millones de paisanos que estamos demandando seguridad, que yo los registro todos los días en las distintas latitudes. Yo espero, en esa tarea de persuasión, seguirle insistiendo, no solo a los diputados que han manifestado alguna prevención con la medida, sino también a los gremios que nosotros necesitamos llenar la tasa de la seguridad, llenar la tasa de la convivencia, llenar la tasa de condiciones dignas para la Fuerza Pública, esa es la tasa que necesitamos llenar, no otras que, de alguna manera, haciendo eco de cifras que no existen, le han querido hacer daño a esta propuesta, que no es cómoda ni fácil de sacar, pero que es absolutamente necesaria”, dijo el mandatario departamental.
Fundamento legal del proyecto
Según explicó la Secretaria General, Martha Patricia Correa Taborda, el artículo 12 de la Ley 2272 de 2022 faculta a los departamentos y municipios para crear tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondo-cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana.
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Vale la pena indicar que, inicialmente, la Ley habilitó solo a las entidades territoriales que estuvieran recaudando este tributo, creado con fundamento en el artículo 8 de la ley 1421 de 2010. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-363 del 13 de septiembre de 2023, honrando los principios de igualdad y autonomía territorial, extendió su aplicación a todos los municipios y departamentos del país.
“Tenemos el fundamento legal para presentar el Proyecto de Ordenanza para que la Asamblea lo apruebe. La Ordenanza contempla la temporalidad de la tasa porque va amarrada a un Plan de Desarrollo, por eso se cobrará hasta el 31 de diciembre de 2027, en caso de que se apruebe”, expresó la funcionaria.
A su vez, la Federación Nacional de Departamentos – FND, en un análisis jurídico al Proyecto de Ordenanza, concluyó que la propuesta está ajustada a los principios constitucionales en materia tributaria. Según la FND, la contribución cumple con los principios de legalidad, reserva de ley y certeza jurídica, toda vez que define el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa.
“Además de los elementos esenciales del tributo antes mencionado, el Proyecto de Ordenanza determina claramente la causación del tributo, así como el método de liquidación, facturación, recaudo y destinación”, concluyó la organización.
El Gobernador Andrés Julián explicó que en el debate que se dará en la Asamblea, es probable que haya cambios «que seguramente implicarán unos sacrificios, unos menores recaudos, unos alivios y eso es lo natural que tome lugar en el marco de esa discusión”. Y mencionó que también se analizan alternativas que permitan reducir la contribución por parte de empresarios o de ciudadanos: “tanto el mecanismo de obras por tasa como el del pago anticipado del tributo lo estamos estudiando para llevarlo a la Asamblea”, indicó.
Respaldo de los Alcaldes y Alcaldesas
Andrés Julián agradeció a los Alcaldes y Alcaldesas de Antioquia, quienes lo acompañaron en la declaración que hizo ante la opinión pública. Varios de ellos expresaron su respaldo público al proyecto de Ordenanza.
Uno de ellos fue el Alcalde de Envigado, Raúl Cardona González, quien apoyó esta iniciativa y contó que su municipio este año ha tenido 10 homicidios “y todos los hemos logrado esclarecer a punta de tecnología. Yo pienso que esta tecnología tiene que llegar a todos los municipios de Antioquia. Usted, Gobernador, ha buscado una forma que es legal para que pueda tener ingresos para poder apoyar, no sólo a los municipios del área metropolitana, que tenemos que reconocer que podemos tener más ingresos, pero este es un acto de solidaridad con los demás alcaldes que realmente no pueden tener esos ingresos y que, si bien nosotros ya tenemos muchas cámaras, aun así, nos faltan muchas cosas en esta materia”, dijo el mandatario.
La Alcaldesa de El Peñol, Sandra Arelis Duque Velásquez, explicó que la inversión en seguridad es fundamental, sobre todo en municipios de sexta categoría, que son la mayoría en Antioquia y que no cuentan con los recursos necesarios para instalar tecnología de punta que fortalece y complementa la actuación de la Fuerza Pública.
“El tema de seguridad es tan importante porque no tenemos los recursos como municipios de sexta categoría, la mayoría de los alcaldes que estamos acá somos categoría sexta, lo cual hace inviable la inversión en alta tecnología para controlar el crecimiento delictivo que se viene presentando en el Oriente antioqueño. Sería casi imposible estar a la vanguardia de la tecnología cuando los delincuentes a diario tienen nuevas tecnologías y nosotros nos vamos quedando atrás”, dijo la alcaldesa.
Otro de los mandatarios locales que se pronunció respaldando la tasa para la seguridad, fue el alcalde de Tarazá, Yómer Fabián Álvarez Correa, quien detalló que las condiciones en las que están los soldados y policías en el departamento son deplorables, por lo que invitó a los Diputados respaldar el proyecto de Ordenanza.
“Quiero hacer un llamado a la Asamblea Departamental para que aprueben este proyecto para la seguridad de todo Antioquia. Respaldarlo en reivindicarse con el Bajo Cauca, con el Urabá antioqueño y con muchas regiones del departamento”, recalcó.
Andrés Julián insistió en que, pese a que hay diferencias sobre la tasa a la seguridad con el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, declaró que las relaciones entre las administraciones de Antioquia y el Distrito siguen siendo satisfactorias para continuar trabajando en equipo por el Departamento. “Los que quieren ver una enemistad entre el alcalde Federico y yo se van a quedar viendo un chispero”, puntualizó.
El recaudo de la contribución, que ascendería a 1,2 billones de pesos entre 2025 y 2027, tiene su foco en cinco líneas de inversión: tecnología como aliada ante menor pie de fuerza, EMPÁS para perseguir a los delincuentes en la ruralidad, justicia disuasiva con la construcción de una cárcel departamental, infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías, y convivencia con mejoramiento de cinco mil placas polideportivas en todos los municipios Antioqueños.
