Nueva Ley de Páramos dejaría sin recursos a las autoridades ambientales de Antioquia

Nueva Ley de Páramos dejaría sin recursos a
las autoridades ambientales de Antioquia

Actualmente una parte importante de los recursos con los que las corporaciones autónomas regionales (CAR) de Antioquia realizan sus funciones de control, seguimiento y protección del patrimonio ambiental provienen de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por utilización de agua.

La nueva Ley de Páramos aprobada por el Congreso esta semana, y que está para sanción presidencial, tiene en su artículo 24 una redacción confusa y que genera gran preocupación no sólo para las autoridades ambientales de Antioquia sino también para toda la región, porque no clarifica que recursos de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por uso irían a las corporaciones autónomas regionales.

Con la modificación mediante la cual se establece que todo o “una parte de los recursos provenientes de dichas transferencias y tasas que actualmente perciben las CAR, serán transferidos al Fondo Nacional Ambiental (FONAM)”, se menoscaba el principio constitucional de autonomía del cual se encuentran dotadas las Corporaciones Autónomas Regionales y los entes territoriales, al trasladar el manejo de recursos que hoy llegan a la región a un fondo administrado de manera centralizada y excluyente desde la capital de la República y no desde las regiones quienes son las que realmente conocen cuáles son sus necesidades en materia ambiental.

Así mismo, se dejan vacíos normativos pues no se establece el monto que de las Transferencias del Sector Eléctrico –TSE- debe ser girado al FONAM a la subcuenta de páramos, así como también se deja a interpretación si la trasferencia la realiza directamente la generadora de energía al FONAM o a la CAR.

Desde Antioquia todas las corporaciones autónomas regionales, destacadas el año pasado por su excelente gestión, apoyadas por la Gobernación de Antioquia, hacen un llamado al Gobierno Nacional para que se revise cuidadosamente esta Ley y todos los artículos de la misma especialmente el Artículo 24, que atenta directamente contra la autonomía de las CAR, arrebatando los recursos que se necesitan en la región.

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